
Según la representante de Acción Social en Santander, Judith Tarazona Ordóñez, la idea es que de manera integral se haga un proceso que permita que estas personas puedan recuperar sus vidas, en aspectos como la salud, la educación, vida digna y se les involucre en procesos productivos que les permitan salir adelante.
En Santander existe un reporte de 8 mil 500 casos, de los cuales se han pagado 369 pleitos, a mil 114 personas, ya que muchos de esos casos corresponden a varios miembros de una familia que necesitan reparación integral.
Una de las inquietudes o sugerencias de los afectados por la violencia, en el cual también participó la Personería Municipal, hacía referencia a subsidios de vivienda como una alternativa para ellos de recibir reparación, pues según expresan, la Gobernación debería otorgarles ese beneficio por su condición.
De acuerdo a cada caso se establece el monto de la reparación; en el caso de personas fallecidas, secuestradas y desaparecidas, se aclaró que hay unas tarifas establecidas, de 40 salarios mínimos mensuales, y si se trata de heridos, el monto dependerá de la valoración que haga medicina legal.